La comunión
Por Alfredo Zaiat
El estado permanente de clima electoral, que ahora se ha exacerbado por el probable adelantamiento de las elecciones legislativas, es la expresión de una tensión que en la esfera económica se ha repetido en décadas pasadas: los bloques de poder económico que pueden tener proyectos con aspectos diferentes se unen estratégicamente en momentos históricos particulares para que el ajuste sea soportado por los trabajadores y los sectores de ingresos fijos. Ese proceso asociativo más reciente fue en los noventa, cuando la triple alianza entre grupos económicos locales, banca acreedora y multinacionales se produjo para el desguace del Estado. La convertibilidad fue en primera instancia el vehículo para estabilizar la economía y luego para facilitar esa comunión de negocios. Culminada esa etapa, en la segunda mitad de esa década, los destinos se bifurcaron entre militantes de la devaluación (grupos vinculados a la exportación y que ya se habían desprendido de parte de sus participaciones en privatizadas) y abanderados de la dolarización (banca acreedora y operadores de servicios públicos multinacionales). El saldo de esa disputa fue el triunfo para el primer bando con una megadevaluación que provocó una inmensa transferencia de ingresos desde los sectores más vulnerables hacia el capital concentrado. Ahora se intenta reeditar ese proceso traumático alentado por otra comunión, bendecida por las corporaciones mediáticas, entre el bloque de poder emergente de la trama multinacional sojera y el tradicional industrial devaluador. Ambos buscan preservar márgenes de ganancias elevados que implican sumergir en el ajuste a los sectores más débiles, entre ellos a la clase media urbana, que se caracteriza por su claridad para saber qué intereses defender.
El campo privilegiado de la Pampa Húmeda, representado por cuatro entidades patronales que ya perdieron sus rasgos históricos que las diferenciaban para hoy redefinirse como la Federación Rural de la Soja Argentina (FRSA). Su objetivo es avanzar sobre los Derechos de Exportación, en especial sobre los que se aplican a la soja. La misión es eliminarlos. La pérdida de recursos que se derivaría de esa eventual medida no podría ser compensada en forma inmediata por otros ingresos al fisco. El consecuente desfinanciamiento de las cuentas públicas debería ser cubierto con más endeudamiento. Un sector de la oposición ofrece como alternativa recibir dinero del FMI para cubrir ese bache, lo que implica el regreso a las políticas de ajuste que aún hoy sigue exigiendo el Fondo en cada uno de los créditos que otorga, como lo están padeciendo los países de Europa del Este. Además, muchos productores en pueblos del interior no pueden seguir diariamente la maratón de sus dirigentes por la cadena nacional de medios privados y no se enteran de que en más de una ocasión la Mesa de Enlace se ha quejado del “retraso” del tipo de cambio. La receta que propone entonces la trama multinacional sojera, con la claque del arco opositor, es transitar el camino de la eliminación de las retenciones y de una fuerte devaluación. En ese campeonato nacional de la ausencia de la repregunta, esos dirigentes de rentistas y productores sojeros no tienen la posibilidad de explicar los efectos sobre los precios y el salario de su proyecto de combo devaluación+sin retenciones. En su momento, Alfredo De Angeli brindó una pista no muy difícil de entender: el kilo de lomo a 80 pesos, inhibiéndose de seguir con el resto de la lista de precios de carnicería y verdulería.
El otro bloque de poder, que en estos momentos está eclipsado por el conflicto con el campo pero no por eso está ausente, tiene su expresión formal en la Unión Industrial Argentina, entidad patronal que en pocos meses tendrá como presidente a Héctor Méndez, secundado por José Ignacio de Mendiguren, quien sabe bien de qué se trata una devaluación. Esta futura conducción y otros representantes de la industria han reclamado por una fuerte devaluación para, según sostienen, recuperar competitividad frente al proceso de depreciaciones de monedas de la región. La preservación del empleo y la protección de la industria frente a las importaciones, que en otro momento podía brindar un ajuste cambiario, hoy con la crisis internacional, que ha provocado una caída abrupta del comercio internacional, sólo terminará afectando el nivel de actividad interna. No aumentará exportaciones y sí la rentabilidad empresaria; no disminuirá importaciones, que más bien tienen que ser controladas por vías aduaneras, ni protegerá al empleo y sí lo deprimiría por la incertidumbre y la desaceleración económica generada por el shock externo y el impacto de la devaluación. Además, el índice de Tipo de Cambio Real Multilateral que elabora el Banco Central sigue mostrando que la paridad cambiaria no está tan retrasada como ellos afirman. Por eso la devaluación que pretenden apunta esencialmente a bajar en forma abrupta los costos laborales. Para alcanzar esa instancia, con la amenaza de suspensiones y despidos de personal, presionan por un congelamiento de las negociaciones salariales, como objetivo de máxima, o presentan la opción de postergar las paritarias a cambio de una suma fija. Esta estrategia de tensión salarial ya viene desde fines de 2007, cuando los grupos industriales con posición dominante en el mercado doméstico han definido el límite a la mejora de la distribución del ingreso. Desde entonces han dispuesto alzas de precios que han venido erosionando e impidiendo la mejora del poder adquisitivo de los trabajadores. Esas subas de precios, que revela esa puja distributiva, así como también la presión por un ritmo más acelerado de la devaluación junto a la contención de los incrementos salariales vienen a preservar y, fundamentalmente, a aumentar las tasas de ganancia registradas en el período de posconvertibilidad. Quieren volver a los márgenes extraordinarios que les otorgó en forma inmediata la megadevaluación. La crisis internacional que provocó la desaceleración de la tasa de crecimiento de la economía doméstica les brinda el escenario para forzar su propuesta de combo devaluación+congelamiento salarial.
Esa nueva comunión de negocios tiene diversas expresiones políticas y varios economistas del miedo que pueden llevar a la confusión sobre sus motivaciones. Pero los objetivos de la trama multinacional sojera y los grupos industriales concentrados son muy claros para cualquiera que quiera escucharlos y verlos en sus diarias recorridas mediáticas
domingo, 22 de marzo de 2009
Nota de pagina 12: para pensar
El plebiscito
Que las elecciones legislativas de mitad de período son un plebiscito sobre la gestión presidencial es la Constitución no escrita que coexiste con el texto formal. De la Rúa creía que no lo involucraban y dos meses después ya no era presidente. El bloque agrario y sus voceros lo plantean en forma explícita, el gobierno terminó por aceptar el reto y procura darle contenido. Los conflictos de Macri, políticos con su primo y judiciales con su padre y sus hermanas.
Por Horacio Verbitsky
La idea de que las elecciones legislativas de mitad de periodo son un plebiscito sobre la gestión presidencial, que condiciona el resto de su mandato, es la Constitución no escrita que coexiste con el texto formal. La idea de truncar el mandato de CFK por medio del vacío de poder y la ingobernabilidad fue enunciada por el ex senador Eduardo Duhalde, el experto que concibió la doctrina del empujón cuando se iniciaba la agonía del menemismo y la probó en 2001 para encaramarse en el sillón presidencial. Este desfasaje entre los libros y la vida lo padecieron Raúl Alfonsín a partir de 1987, Carlos Menem luego de su derrota de 1997 y Fernando de la Rúa en 2001. En cada una de esas situaciones coyunturales, en las que las distintas fuerzas políticas pugnan por consolidar o demoler un bloque social de poder, intervino el estadista de Lomas de Zamora. Ni aun así debería perderse de vista su carácter sistémico, no atribuible con exclusividad a un gobierno, un partido o un hombre, y que deriva de la extraña combinación entre presidencialismo y representación proporcional. En noviembre, Eduardo Buzzi dijo que el objetivo de la Mesa de Enlace de las patronales agropecuarias era desgastar al gobierno. Hace diez días, en el discurso de Leones, ese mismo maestro del doble lenguaje pretendió que “no somos destituyentes” y que “nadie apuesta a un helicóptero”. Ni se ruborizó al mencionar ante esa audiencia el Cordobazo que precipitó el fin de la dictadura de Juan Carlos Onganía. El 15 de febrero, el hijo natural del senador Gerardo Morales y del diputado Felipe Solá, escribió un artículo titulado “Acuerdos para gobernar cuando Kirchner no esté”. El tambero Hugo Biolcati musitó en privado “les ganamos en octubre y no terminan” y Elisa Carrió vaticina una muy próxima elección presidencial. La polarización es inevitable y el gobierno también lo sabe, no como De la Rúa, quien dos meses antes de renunciar sostuvo que las elecciones de renovación legislativa de 2001 le resbalaban porque no había sido candidato.
Bloques sociales
Un trabajo inédito del economista Eduardo Basualdo, que toma como referencia la conformación de nuevos bloques sociales descripta por Antonio Gramsci en sus Cuadernos de la Cárcel, contribuye a entender qué se pone en juego en los próximos comicios. Destaca el carácter estructural de los cambios introducidos a partir de 1976 en la producción y en las diferentes fracciones sociales del agro pampeano y su vinculación con el patrón de acumulación de capital basado en la valorización financiera. Al agotarse ese ciclo, se inició en 2002 una etapa de transición. Las distintas fracciones sociales pugnan por definir un nuevo patrón de acumulación. El agro pampeano quiere terciar en la disputa por la distribución del ingreso y “ocupar el centro de la escena política y económica” para que “tanto el Estado como los asalariados y la producción industrial operen en función de sus propios requerimientos de expansión”. El incremento de la riqueza de los grandes terratenientes pampeanos; el reagrupamiento alrededor de la producción agropecuaria y agroindustrial de las dos fracciones de la oligarquía (una eminentemente agropecuaria y otra diversificada hacia la industria y las finanzas) y la emergencia de una fracción de pequeños y medianos propietarios rurales que obtienen alta rentabilidad arrendando las tierras de otros pequeños y medianos convertidos en rentistas, son síntomas de la aparición de un bloque agrario, que se aproxima al momento político narrado por Gramsci, cuando se alcanza la conciencia de que los propios intereses “superan el círculo corporativo, de grupo meramente económico, y pueden y deben convertirse en intereses de otros grupos subordinados”. En la pugna ideológica, intenta “instalar en el sentido común que el agro y la agroindustria son el sustento material de la Nación en tanto, supuestamente, es el portador del cambio tecnológico, de la creación de riqueza y, en consecuencia, de la transformación social del conjunto de los sectores”. En un año electoral se articula con las diferentes vertientes de la oposición, como “sustento de una supuesta renovación política”, cuyo objetivo para asegurar la hegemonía es “el control del Estado”, ahora mediante una disputa democrática y no a través de un golpe de estado. Basualdo incluye en el análisis la extranjerización de la industria local a partir de 1995, principalmente por la venta de una parte significativa de las empresas industriales de la fracción diversificada de la oligarquía, que fugó esos recursos para inversiones financieras en el exterior. Esa fracción no intenta disputarle al capital extranjero su predominio en la producción industrial, sino recuperar sus posiciones en la economía real “a través de la expansión de la producción agropecuaria”. En su disputa por la hegemonía, recurre a “líneas de acción similares a las que han adoptado otros bloques antipopulares en diversos países latinoamericanos”. (Esto explica el alineamiento automático de la Federación Agraria con la Sociedad Rural, su desdén por la agricultura de subsistencia y su rechazo al nuevo estatuto del peón que protege a los trabajadores rurales.) Por su parte el gobierno “abandonó la idea de generar una fuerza propia, privilegiando una construcción política sustentada en el Partido Justicialista”, cooptado durante el cuarto de siglo de la valorización financiera por los sectores dominantes y con escasa capacidad para convocar a los sectores populares.
Ejes claros
CFK trata de recuperar la iniciativa política y dar un contenido nítido a la confrontación, no sólo en términos económicos. Algunas medidas recientes en esa dirección:
- reestatización de la fábrica de aviones de Córdoba;
- emplazamiento del Ente Regulador de la Electricidad (ENRE) a la distribuidora de La Plata, Edelap, y a su controlante, la estadounidense AES. Bajo amenaza de rescisión, deben modificar los convenios de Reestructuración de Pasivos con el banco HSBC (que priorizan el pago de esa deuda, por lo que sólo podría cumplir sus compromisos de inversión si le aumentaran las tarifas y no le cobraran las sanciones por incumplimientos del servicio);
- anuncio de una propuesta oficial para debatir una nueva ley de radiodifusión;
- denuncia penal de la AFIP contra un banco y varias sociedades de agentes de bolsa que fugaron más de mil millones de dólares del país mediante compra y venta de títulos públicos en Buenos Aires y Nueva York;
- proyecto del diputado oficialista Héctor Recalde, firmado por sus colegas Agustín Rossi y Eduardo Fellner, para volver a la redacción histórica del artículo 1 del Código Procesal Civil y Comercial, que hasta el golpe de 1976 prohibía la prórroga de jurisdicción en favor de árbitros o jueces extranjeros. Esto golpearía la próspera industria del juicio contra el Estado en el CIADI;
- estudios no interrumpidos para nacionalizar el comercio exterior de granos y recuperar el control del Banco Hipotecario, donde con dos tercios de las acciones el Estado no tiene arte ni parte en la conducción;
- insistencia política y administrativa para la preservación del empleo a pesar de la crisis;
- cesión a las provincias del 30 por ciento de las retenciones a la soja, que sólo podrán aplicarlo a “infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda o vial”, por decreto firmado cuando la ley de adelantamiento electoral entraba al Senado.
El espectro de la democracia
La decisión más significativa es la propuesta para debatir en una docena de foros regionales el tan demorado proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual. La presentación del texto comienza por explicar cómo cumplirá con los 21 puntos de la Iniciativa Ciudadana para una Radiodifusión Democrática elaborados por una amplia coalición de organizaciones, como la CGT, la CTA, las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, el Serpaj, el CELS, las Universidades Nacionales de Buenos Aires, Córdoba y La Plata, las entidades que agrupan a radios comunitarias y universitarias, sindicatos de todo el país de trabajadores de prensa, educación y televisión, centrales de cooperativas, canillitas y actores. Cada artículo está respaldado por legislación de Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá. La reserva de un tercio del espectro para personas sin fines de lucro; la participación como radiodifusores de provincias, municipios y organismos no gubernamentales; las cuotas de producción nacional; la referencia a los principios de libertad de expresión y pluralismo contenidos en los tratados internacionales de derechos humanos; la regulación por un ente colegiado en el que tendrán representación las dos principales fuerzas de la oposición en el Congreso, como también ocurrirá con el sistema de medios públicos; la intervención legislativa en el nombramiento de la autoridad de aplicación, el sistema de medios públicos y el Defensor del Público; las audiencias públicas antes de prorrogar una licencia; el establecimiento de una tarifa social para el servicio básico de cable allí donde no haya alternativas, conforman un conjunto de una amplitud y solidez superior a los de cualquier proyecto anterior en la materia. Los objetivos de desconcentración y desmonopolización incluyen varias cláusulas merecedoras del debate a fondo que se inicia. Por ejemplo, los titulares de licencias de televisión abierta (como los canales 2 y 13), no podrán poseer al mismo tiempo licencias de televisión por cable (como Supercanal y Cablevisión/Multicanal). Quienes operen sistemas de cable por suscripción (como Supercanal o Cablevisión/Multicanal), sólo podrán poseer una señal propia (como América 24 o TN). Esto obligaría al Grupo Clarín y a la sociedad integrada por el diputado De Narváez, la familia Vila y José Luis Manzano a desprenderse del canal de aire o del cable. En cambio, Clarín podrá conservar un canal de televisión, lo cual implica un grado de permisividad superior a la de Estados Unidos, donde el Wall Street Journal o el New York Times no pueden hacerlo en Nueva York. Otro punto polémico es la posibilidad de que los prestadores de servicios públicos, como las dos grandes telefónicas, operen un servicio de televisión por cable. Hace dos décadas se lo prohibió la ley de privatización de ENTel. Es cierto que para levantar esa veda la propuesta oficial pone como condición que las telefónicas abran más de la mitad de su propio mercado a la competencia mediante una serie de duras exigencias. Entre ellas:
- Permitir en las mejores condiciones técnicas y de precios la interconexión con otros operadores, en cualquier punto de su red.
- Posibilidad de que el cliente conserve su número telefónico, celular o fijo, aunque cambie de compañía prestadora y/o de domicilio.
- Facilitar a los competidores el acceso a su propia infraestructura de postes, mástiles y ductos, en condiciones de mercado, y a su información técnica y comercial pertinente.
- Interoperabilidad de redes.
¿Esto es suficiente o debería mantenerse la prohibición? Nada mejor que discutirlo en un año electoral, para que cada uno decida si es más merecedor de su voto el gobierno que propone esta reforma o la oposición, que anuncia su alianza con los grupos económicos para resistirla, o que tiene intereses creados en la situación preexistente.
Todo en uno
Entró al banco solo, con un revólver de caño corto. Reclamaba el pago de un subsidio de 5000 pesos por el impacto de la emergencia agropecuaria en el campo que explota. Sólo se apaciguó cuando las autoridades del Nuevo Banco de Santa Fe se allanaron al pago que exigía. De allí no marchó a su campo sino a la Unidad Regional XIX, donde quedó detenido. En su camioneta llevaba también una Magnum 357 y panfletos titulados “Queremos a los militares”. Su texto exhortaba: “Dejemos de jugar a la democracia, servicio militar obligatorio, mano dura para los delincuentes, droga y alcohol”. El productor agropecuario Carlos Azzaro es suboficial retirado de la policía bonaerense. En 1976 participó en el homicidio de Omar Darío Amestoy, María del Carmen Fettolini, sus hijitos de cuatro y dos años, y de Ana María Granada, en un enfrentamiento simulado en una casa de San Nicolás. El defensor de Azzaro, Héctor H. Hernández sostuvo que la responsabilidad por la muerte de los chicos fue de sus padres porque no se rindieron ante la intimación policial. Azzaro reconoció en una carta al ex ministro de Seguridad Carlos Arslanian que fue el autor material del fusilamiento de Ana María Granada, pero el juez federal Carlos Villafuerte Ruzzo lo excluyó de la elevación a juicio. A fines de 2008, Azzaro se encadenó frente a los tribunales de San Nicolás para protestar que no se respetaban sus derechos humanos: un juez de garantías lo excluyó del hogar por golpear y amenazar con un arma a su mujer. En un artículo publicado en la Revista El Derecho, su defensor Hernández atribuyó a jueces, fiscales y funcionarios “manodurismo” y “tolerancia cero” contra los policías “en nombre de supuestos derechos humanos falsos de los delincuentes”. En su perturbación mental, Azzaro logró una síntesis suprema de las pulsiones que hoy agitan a las distintas fracciones de la derecha: los embates del bloque agrario, la reivindicación de los crímenes de la dictadura, el desdén por la democracia y los procedimientos legales, en aras de la seguridad, que no se respeta en casa.
Diga 33
¡Cuánto ha cambiado el país para que una modelo proponga volver al Servicio Militar Obligatorio y un general le responda que el Ejército no es un reformatorio! Si Susana Giménez perseverara en ocuparse de cuestiones de interés público tal vez en algún momento haría algún aporte valioso. También decían burradas las promociones militares anteriores a la del general Mario Dotto, quien ahora comprende bien el rol castrense en la sociedad que pasado mañana recordará los 33 años del último golpe cívico-militar. El cómico Marcelo Tinelli dijo que hoy “te matan por el pancho y por la Coca-Cola”, sincero reconocimiento de las causas sociales de algunas conductas desviadas de la ley. En ese contexto proliferan otras reivindicaciones. En Tucumán, la empresa 9mm (sic), cuya marca incluye el diseño de un blindaje perforado por disparos, fabrica remeras con consignas como “Las Fuerzas Armadas salvaron a la Patria”. Al mismo tiempo se siguen distribuyendo copias de una carta escrita por el director del Colegio católico Champagnat, Eugenio Magdaleno. Quien le respondió fue el ex sacerdote Patricio Rice, uno de los fundadores del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, quien hoy integra la comunidad laica “Carlos de Foucauld”. La carta de Magdaleno, reproducida en esta página en mayo pasado, “me entristece y me preocupa porque desde 2003 la realidad nacional me da motivos de esperanza”, escribe Rice. A pesar de ver “las rutas cortadas y la población privada de elementos de primera necesidad, fue notoria la mesura con la cual la presidente manejó las fuerzas de seguridad. Esta actitud fue una originalidad en la historia argentina reciente donde generalmente en situaciones parecidas hubo represión con sus secuelas de muertos y heridos”, dice. Nada le parece tan grave como las observaciones de Magdaleno sobre “la trágica década de los setenta. Lo que divide a Argentina no es la política oficial de los derechos humanos sino el terrorismo de Estado que gobernó entre 1976 y 1983”. El jurista Alberto Bovino divulgó un panfleto repartido en algunos domicilios de clase media de Villa Luro, en el que se insta a atacar, incluso con armas de fuego, a “los hombres vestidos de mujer que están ensuciando nuestro barrio”, a quienes llama villeros y les atribuye desvalorizar la propiedad con su mera presencia, vender drogas y “tener arreglada a la policía”. Para “eliminar a estos travestis de nuestro barrio todo tipo de agresión hacia ellos es valida, cuanto mas violenta mas miedo les va a causar, y mas rápido se van a ir”. Con mejor prosa, el rabino Sergio Bergman, fue el principal orador en un menguado acto por seguridad en la Plaza de Mayo, en el que hizo uno de los dos aportes de la semana a la demonización de Néstor Kirchner, a quien comparó con Nerón. El otro, por partida doble, provino del escritor Marcos Aguinis, quien asoció al ex presidente con Napoleón Bonaparte luego de Waterloo y con el rey que según Plutarco “mandó asesinar al oficial que lo había salvado en una batalla para que no hubiera un testigo de su debilidad”. Dos intelectuales judíos, voceros del bloque agrario. Desde el edificio vecino a la Catedral, un hombre astuto sonríe.
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Que las elecciones legislativas de mitad de período son un plebiscito sobre la gestión presidencial es la Constitución no escrita que coexiste con el texto formal. De la Rúa creía que no lo involucraban y dos meses después ya no era presidente. El bloque agrario y sus voceros lo plantean en forma explícita, el gobierno terminó por aceptar el reto y procura darle contenido. Los conflictos de Macri, políticos con su primo y judiciales con su padre y sus hermanas.
Por Horacio Verbitsky
La idea de que las elecciones legislativas de mitad de periodo son un plebiscito sobre la gestión presidencial, que condiciona el resto de su mandato, es la Constitución no escrita que coexiste con el texto formal. La idea de truncar el mandato de CFK por medio del vacío de poder y la ingobernabilidad fue enunciada por el ex senador Eduardo Duhalde, el experto que concibió la doctrina del empujón cuando se iniciaba la agonía del menemismo y la probó en 2001 para encaramarse en el sillón presidencial. Este desfasaje entre los libros y la vida lo padecieron Raúl Alfonsín a partir de 1987, Carlos Menem luego de su derrota de 1997 y Fernando de la Rúa en 2001. En cada una de esas situaciones coyunturales, en las que las distintas fuerzas políticas pugnan por consolidar o demoler un bloque social de poder, intervino el estadista de Lomas de Zamora. Ni aun así debería perderse de vista su carácter sistémico, no atribuible con exclusividad a un gobierno, un partido o un hombre, y que deriva de la extraña combinación entre presidencialismo y representación proporcional. En noviembre, Eduardo Buzzi dijo que el objetivo de la Mesa de Enlace de las patronales agropecuarias era desgastar al gobierno. Hace diez días, en el discurso de Leones, ese mismo maestro del doble lenguaje pretendió que “no somos destituyentes” y que “nadie apuesta a un helicóptero”. Ni se ruborizó al mencionar ante esa audiencia el Cordobazo que precipitó el fin de la dictadura de Juan Carlos Onganía. El 15 de febrero, el hijo natural del senador Gerardo Morales y del diputado Felipe Solá, escribió un artículo titulado “Acuerdos para gobernar cuando Kirchner no esté”. El tambero Hugo Biolcati musitó en privado “les ganamos en octubre y no terminan” y Elisa Carrió vaticina una muy próxima elección presidencial. La polarización es inevitable y el gobierno también lo sabe, no como De la Rúa, quien dos meses antes de renunciar sostuvo que las elecciones de renovación legislativa de 2001 le resbalaban porque no había sido candidato.
Bloques sociales
Un trabajo inédito del economista Eduardo Basualdo, que toma como referencia la conformación de nuevos bloques sociales descripta por Antonio Gramsci en sus Cuadernos de la Cárcel, contribuye a entender qué se pone en juego en los próximos comicios. Destaca el carácter estructural de los cambios introducidos a partir de 1976 en la producción y en las diferentes fracciones sociales del agro pampeano y su vinculación con el patrón de acumulación de capital basado en la valorización financiera. Al agotarse ese ciclo, se inició en 2002 una etapa de transición. Las distintas fracciones sociales pugnan por definir un nuevo patrón de acumulación. El agro pampeano quiere terciar en la disputa por la distribución del ingreso y “ocupar el centro de la escena política y económica” para que “tanto el Estado como los asalariados y la producción industrial operen en función de sus propios requerimientos de expansión”. El incremento de la riqueza de los grandes terratenientes pampeanos; el reagrupamiento alrededor de la producción agropecuaria y agroindustrial de las dos fracciones de la oligarquía (una eminentemente agropecuaria y otra diversificada hacia la industria y las finanzas) y la emergencia de una fracción de pequeños y medianos propietarios rurales que obtienen alta rentabilidad arrendando las tierras de otros pequeños y medianos convertidos en rentistas, son síntomas de la aparición de un bloque agrario, que se aproxima al momento político narrado por Gramsci, cuando se alcanza la conciencia de que los propios intereses “superan el círculo corporativo, de grupo meramente económico, y pueden y deben convertirse en intereses de otros grupos subordinados”. En la pugna ideológica, intenta “instalar en el sentido común que el agro y la agroindustria son el sustento material de la Nación en tanto, supuestamente, es el portador del cambio tecnológico, de la creación de riqueza y, en consecuencia, de la transformación social del conjunto de los sectores”. En un año electoral se articula con las diferentes vertientes de la oposición, como “sustento de una supuesta renovación política”, cuyo objetivo para asegurar la hegemonía es “el control del Estado”, ahora mediante una disputa democrática y no a través de un golpe de estado. Basualdo incluye en el análisis la extranjerización de la industria local a partir de 1995, principalmente por la venta de una parte significativa de las empresas industriales de la fracción diversificada de la oligarquía, que fugó esos recursos para inversiones financieras en el exterior. Esa fracción no intenta disputarle al capital extranjero su predominio en la producción industrial, sino recuperar sus posiciones en la economía real “a través de la expansión de la producción agropecuaria”. En su disputa por la hegemonía, recurre a “líneas de acción similares a las que han adoptado otros bloques antipopulares en diversos países latinoamericanos”. (Esto explica el alineamiento automático de la Federación Agraria con la Sociedad Rural, su desdén por la agricultura de subsistencia y su rechazo al nuevo estatuto del peón que protege a los trabajadores rurales.) Por su parte el gobierno “abandonó la idea de generar una fuerza propia, privilegiando una construcción política sustentada en el Partido Justicialista”, cooptado durante el cuarto de siglo de la valorización financiera por los sectores dominantes y con escasa capacidad para convocar a los sectores populares.
Ejes claros
CFK trata de recuperar la iniciativa política y dar un contenido nítido a la confrontación, no sólo en términos económicos. Algunas medidas recientes en esa dirección:
- reestatización de la fábrica de aviones de Córdoba;
- emplazamiento del Ente Regulador de la Electricidad (ENRE) a la distribuidora de La Plata, Edelap, y a su controlante, la estadounidense AES. Bajo amenaza de rescisión, deben modificar los convenios de Reestructuración de Pasivos con el banco HSBC (que priorizan el pago de esa deuda, por lo que sólo podría cumplir sus compromisos de inversión si le aumentaran las tarifas y no le cobraran las sanciones por incumplimientos del servicio);
- anuncio de una propuesta oficial para debatir una nueva ley de radiodifusión;
- denuncia penal de la AFIP contra un banco y varias sociedades de agentes de bolsa que fugaron más de mil millones de dólares del país mediante compra y venta de títulos públicos en Buenos Aires y Nueva York;
- proyecto del diputado oficialista Héctor Recalde, firmado por sus colegas Agustín Rossi y Eduardo Fellner, para volver a la redacción histórica del artículo 1 del Código Procesal Civil y Comercial, que hasta el golpe de 1976 prohibía la prórroga de jurisdicción en favor de árbitros o jueces extranjeros. Esto golpearía la próspera industria del juicio contra el Estado en el CIADI;
- estudios no interrumpidos para nacionalizar el comercio exterior de granos y recuperar el control del Banco Hipotecario, donde con dos tercios de las acciones el Estado no tiene arte ni parte en la conducción;
- insistencia política y administrativa para la preservación del empleo a pesar de la crisis;
- cesión a las provincias del 30 por ciento de las retenciones a la soja, que sólo podrán aplicarlo a “infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda o vial”, por decreto firmado cuando la ley de adelantamiento electoral entraba al Senado.
El espectro de la democracia
La decisión más significativa es la propuesta para debatir en una docena de foros regionales el tan demorado proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual. La presentación del texto comienza por explicar cómo cumplirá con los 21 puntos de la Iniciativa Ciudadana para una Radiodifusión Democrática elaborados por una amplia coalición de organizaciones, como la CGT, la CTA, las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, el Serpaj, el CELS, las Universidades Nacionales de Buenos Aires, Córdoba y La Plata, las entidades que agrupan a radios comunitarias y universitarias, sindicatos de todo el país de trabajadores de prensa, educación y televisión, centrales de cooperativas, canillitas y actores. Cada artículo está respaldado por legislación de Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá. La reserva de un tercio del espectro para personas sin fines de lucro; la participación como radiodifusores de provincias, municipios y organismos no gubernamentales; las cuotas de producción nacional; la referencia a los principios de libertad de expresión y pluralismo contenidos en los tratados internacionales de derechos humanos; la regulación por un ente colegiado en el que tendrán representación las dos principales fuerzas de la oposición en el Congreso, como también ocurrirá con el sistema de medios públicos; la intervención legislativa en el nombramiento de la autoridad de aplicación, el sistema de medios públicos y el Defensor del Público; las audiencias públicas antes de prorrogar una licencia; el establecimiento de una tarifa social para el servicio básico de cable allí donde no haya alternativas, conforman un conjunto de una amplitud y solidez superior a los de cualquier proyecto anterior en la materia. Los objetivos de desconcentración y desmonopolización incluyen varias cláusulas merecedoras del debate a fondo que se inicia. Por ejemplo, los titulares de licencias de televisión abierta (como los canales 2 y 13), no podrán poseer al mismo tiempo licencias de televisión por cable (como Supercanal y Cablevisión/Multicanal). Quienes operen sistemas de cable por suscripción (como Supercanal o Cablevisión/Multicanal), sólo podrán poseer una señal propia (como América 24 o TN). Esto obligaría al Grupo Clarín y a la sociedad integrada por el diputado De Narváez, la familia Vila y José Luis Manzano a desprenderse del canal de aire o del cable. En cambio, Clarín podrá conservar un canal de televisión, lo cual implica un grado de permisividad superior a la de Estados Unidos, donde el Wall Street Journal o el New York Times no pueden hacerlo en Nueva York. Otro punto polémico es la posibilidad de que los prestadores de servicios públicos, como las dos grandes telefónicas, operen un servicio de televisión por cable. Hace dos décadas se lo prohibió la ley de privatización de ENTel. Es cierto que para levantar esa veda la propuesta oficial pone como condición que las telefónicas abran más de la mitad de su propio mercado a la competencia mediante una serie de duras exigencias. Entre ellas:
- Permitir en las mejores condiciones técnicas y de precios la interconexión con otros operadores, en cualquier punto de su red.
- Posibilidad de que el cliente conserve su número telefónico, celular o fijo, aunque cambie de compañía prestadora y/o de domicilio.
- Facilitar a los competidores el acceso a su propia infraestructura de postes, mástiles y ductos, en condiciones de mercado, y a su información técnica y comercial pertinente.
- Interoperabilidad de redes.
¿Esto es suficiente o debería mantenerse la prohibición? Nada mejor que discutirlo en un año electoral, para que cada uno decida si es más merecedor de su voto el gobierno que propone esta reforma o la oposición, que anuncia su alianza con los grupos económicos para resistirla, o que tiene intereses creados en la situación preexistente.
Todo en uno
Entró al banco solo, con un revólver de caño corto. Reclamaba el pago de un subsidio de 5000 pesos por el impacto de la emergencia agropecuaria en el campo que explota. Sólo se apaciguó cuando las autoridades del Nuevo Banco de Santa Fe se allanaron al pago que exigía. De allí no marchó a su campo sino a la Unidad Regional XIX, donde quedó detenido. En su camioneta llevaba también una Magnum 357 y panfletos titulados “Queremos a los militares”. Su texto exhortaba: “Dejemos de jugar a la democracia, servicio militar obligatorio, mano dura para los delincuentes, droga y alcohol”. El productor agropecuario Carlos Azzaro es suboficial retirado de la policía bonaerense. En 1976 participó en el homicidio de Omar Darío Amestoy, María del Carmen Fettolini, sus hijitos de cuatro y dos años, y de Ana María Granada, en un enfrentamiento simulado en una casa de San Nicolás. El defensor de Azzaro, Héctor H. Hernández sostuvo que la responsabilidad por la muerte de los chicos fue de sus padres porque no se rindieron ante la intimación policial. Azzaro reconoció en una carta al ex ministro de Seguridad Carlos Arslanian que fue el autor material del fusilamiento de Ana María Granada, pero el juez federal Carlos Villafuerte Ruzzo lo excluyó de la elevación a juicio. A fines de 2008, Azzaro se encadenó frente a los tribunales de San Nicolás para protestar que no se respetaban sus derechos humanos: un juez de garantías lo excluyó del hogar por golpear y amenazar con un arma a su mujer. En un artículo publicado en la Revista El Derecho, su defensor Hernández atribuyó a jueces, fiscales y funcionarios “manodurismo” y “tolerancia cero” contra los policías “en nombre de supuestos derechos humanos falsos de los delincuentes”. En su perturbación mental, Azzaro logró una síntesis suprema de las pulsiones que hoy agitan a las distintas fracciones de la derecha: los embates del bloque agrario, la reivindicación de los crímenes de la dictadura, el desdén por la democracia y los procedimientos legales, en aras de la seguridad, que no se respeta en casa.
Diga 33
¡Cuánto ha cambiado el país para que una modelo proponga volver al Servicio Militar Obligatorio y un general le responda que el Ejército no es un reformatorio! Si Susana Giménez perseverara en ocuparse de cuestiones de interés público tal vez en algún momento haría algún aporte valioso. También decían burradas las promociones militares anteriores a la del general Mario Dotto, quien ahora comprende bien el rol castrense en la sociedad que pasado mañana recordará los 33 años del último golpe cívico-militar. El cómico Marcelo Tinelli dijo que hoy “te matan por el pancho y por la Coca-Cola”, sincero reconocimiento de las causas sociales de algunas conductas desviadas de la ley. En ese contexto proliferan otras reivindicaciones. En Tucumán, la empresa 9mm (sic), cuya marca incluye el diseño de un blindaje perforado por disparos, fabrica remeras con consignas como “Las Fuerzas Armadas salvaron a la Patria”. Al mismo tiempo se siguen distribuyendo copias de una carta escrita por el director del Colegio católico Champagnat, Eugenio Magdaleno. Quien le respondió fue el ex sacerdote Patricio Rice, uno de los fundadores del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, quien hoy integra la comunidad laica “Carlos de Foucauld”. La carta de Magdaleno, reproducida en esta página en mayo pasado, “me entristece y me preocupa porque desde 2003 la realidad nacional me da motivos de esperanza”, escribe Rice. A pesar de ver “las rutas cortadas y la población privada de elementos de primera necesidad, fue notoria la mesura con la cual la presidente manejó las fuerzas de seguridad. Esta actitud fue una originalidad en la historia argentina reciente donde generalmente en situaciones parecidas hubo represión con sus secuelas de muertos y heridos”, dice. Nada le parece tan grave como las observaciones de Magdaleno sobre “la trágica década de los setenta. Lo que divide a Argentina no es la política oficial de los derechos humanos sino el terrorismo de Estado que gobernó entre 1976 y 1983”. El jurista Alberto Bovino divulgó un panfleto repartido en algunos domicilios de clase media de Villa Luro, en el que se insta a atacar, incluso con armas de fuego, a “los hombres vestidos de mujer que están ensuciando nuestro barrio”, a quienes llama villeros y les atribuye desvalorizar la propiedad con su mera presencia, vender drogas y “tener arreglada a la policía”. Para “eliminar a estos travestis de nuestro barrio todo tipo de agresión hacia ellos es valida, cuanto mas violenta mas miedo les va a causar, y mas rápido se van a ir”. Con mejor prosa, el rabino Sergio Bergman, fue el principal orador en un menguado acto por seguridad en la Plaza de Mayo, en el que hizo uno de los dos aportes de la semana a la demonización de Néstor Kirchner, a quien comparó con Nerón. El otro, por partida doble, provino del escritor Marcos Aguinis, quien asoció al ex presidente con Napoleón Bonaparte luego de Waterloo y con el rey que según Plutarco “mandó asesinar al oficial que lo había salvado en una batalla para que no hubiera un testigo de su debilidad”. Dos intelectuales judíos, voceros del bloque agrario. Desde el edificio vecino a la Catedral, un hombre astuto sonríe.
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jueves, 5 de marzo de 2009
APERTURA 2009
La Presidenta inauguró las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación
Cristina Fernández destacó los logros alcanzados "por todos los argentinos" y llamó a la unidad para enfrentar la crisis internacional.
Allí, la mandataria destacó el hecho de ser "la primera Presidenta en tantas décadas que viene a dar este mensaje ante nuestras Cámaras en una situación inédita en materia internacional".
"Otros presidentes vinieron en marcos graves de crisis, pero en la mayoría de los casos eran crisis provocadas en el marco de nuestro país", recordó la jefa de Estado, quien señaló inmediatamente que "hoy estamos ante una situación absolutamente inédita; absolutamente todos coinciden que es similar a la crisis de 1930, mientras que otros la comparan con la caída del muro de Berlín".
Así, Cristina Fernández recordó que el modelo hoy en crisis sostenía que "el Estado debía desaparecer, que el mercado era el correcto asignador de recursos y que la política cumplía apenas en administrar lo que se tenía", desarrollando esta última un rol de "resignación y acomodamiento a lo que se tenía". "Hoy los paradigmas han caído y vemos todos los días noticias que agobian, caída de bancos, despidos masivos, fábricas quebradas" en los centros difusores de aquel modelo en crisis, resaltó la Presidenta, que agregó además que esos mismos centros "toda la vida pronosticaron lo que iba a pasar sobre nosotros, y hoy no aciertan en ninguna de las medidas" que intentan llevar adelante para detener la caída del modelo. Por eso, expresó la mandataria, "tengo dudas de que los que ocasionaron esta crisis tengan la capacidad de solucionarla".
Organismos internacionales
En ese marco, la Jefa de Estado anticipó cuál será la postura argentina en la próxima reunión del denominado G20, el grupo de naciones más poderosas que se reunirá en Londres: la reformulación de los organismos multilaterales de crédito, la reformulación total del pacto de Bretón-Woods y de los organismos políticos internacionales tales como la Organización de las Naciones Unidas, y la instauración de un acuerdo en materia política macroeconómica global, que permita sostener la demanda mundial y así poder defender a muchas sociedades que están al borde de su capacidad de endeudamiento.
"Creo que lo económico y lo financiero es solamente la punta del iceberg, creo que hay un modelo en crisis que tiene que ver con una forma de relacionarse con el mundo basado en la subordinación y no en la colaboración", graficó Cristina Fernández, y enseguida agregó que "la noción de cooperación" deberá reemplazar a la de subordinación.
Por eso, sostuvo además que "los organismos multilaterales de crédito deberán cambiar el ejercicio de someter a condicionalidades que tenían que ver con someter a ajustes a países emergentes". "Tendrán que convertirse en elementos de financiamiento para las economías emergentes", aseguró.
Por otra parte, en opinión de la mandataria, "deberá también regularse definitivamente a nivel global el movimiento de capitales", y en este sentido abogó por "la supresión de los paraísos fiscales". Y recordó que "se calcula que más del 40 % de los capitales del mundo están fondeados allí". "El acuerdo debe ser global", aclaró la mandataria. "Parte importante, total y fundamental de la crisis de lo que se denominaba el Primer Mundo pasó por creer que el dinero se reproducía a sí mismo, sin necesidad de articularlo con el trabajo y la distribución".
La Presidenta señaló además que "esta crisis nos encuentra en el sexto año del ciclo de crecimiento económico más importante de nuestros 200 años de historia", plasmado en un aumento de la actividad del 66% para todo el período mencionado, según detalló. Además, resaltó que de ese 66% "47 puntos se lo debemos al mercado interno", porque este modelo de acumulación "tuvo en el mercado interno, la exportación y la inclusión social, sus ejes fundamentales". En este marco, la Presidenta condenó la denominada "economía del dinero electrónico".
También resaltó que esta hora de la historia "nos encuentra con un sistema financiero que ha duplicado su capital en los últimos 5 años, que ha pasado de tener al Estado como deudor a tenerlo como acreedor neto, dado que sostenemos con nuestros depósitos parte de ese sistema". Con respecto a ese punto, la mandataria destacó que "sólo un 12% de los depósitos bancarios están en dólares" y que el nivel de endeudamiento del sistema en su totalidad no supera el 20%.
Distribución del ingreso
Asimismo, Cristina Fernández recalcó que al cabo de su primer año de gestión al frente del Ejecutivo "la distribución del ingreso es más importante que la que teníamos a fines del 2007", dado que la participación de los trabajadores en la renta nacional es del 42,9 % del Producto Bruto Interno (PBI). En 2007 ese guarismo llegó a los 43,6 puntos porcentuales, mientras que en 2003 era apenas del 34%. "Esto se debe al modelo de acumulación" puesto en marcha desde 2003, aseguró la Presidenta.
Otro punto de la economía destacado por la Jefa de Estado en su discurso fue la caída de la desocupación, que en la actualidad llega al 7,3% de la población económicamente activa.
También resaltó el nivel récord de exportaciones, cuyo valor en 2008 fue de 70.124 millones de dólares, contra 55.880 millones del año 2007. En tanto, el superávit fiscal significó el 4,6 del PBI, "el superávit comercial más importante de la Argentina en toda su historia", indicó.
"El récord de exportaciones refleja con absoluta claridad el porqué de la disminución del desempleo y el aumento de la participación de los trabajadores" en la renta nacional, explicó la mandataria.
En este marco, Cristina Fernández dio cuenta de parte de la composición de esa cifra récord de exportaciones: la mayoría correspondieron a manufacturas de origen industrial. Al sector de exportación de cereales correspondieron 24 mil millones de dólares, pero de éstos, 14 mil millones fueron de la agroindustria, "es decir, aquella rama que aporta valor a la materia prima", clarificó la Presidenta.
"Argentina ha crecido cuando ha basado su economía en la economía real", dijo la mandataria, quien además recordó que el país entró en dificultades "cada vez que dejamos de lado la producción, el trabajo, la producción de riqueza a través del esfuerzo, cuando caíamos en la fantasía que podíamos vivir sin trabajar o siendo un país de servicios". "Esa experiencia nos dice muy claramente cuál es el rumbo que debemos seguir", explicó.
También fue resaltado por la mandataria el mejoramiento del ratio de deuda, que llegó a estar en el orden del 56,1% sobre el PBI, y hoy bajó al 49,1%.
Provincias
Destacó además la notable mejoría de la situación de nuestras provincias como consecuencia del sostenido crecimiento de la actividad económica desde 2003. Las mejoras, explicó se deben al crecimiento de los niveles de coparticipación federal, así como también al aumento de la inversión pública en materia de infraestructura. "Cuando el país crece, crecen todos en el país. No hay salidas individuales en un país". Por eso, la mandatario reveló:"Sueño que las bases estructurales del crecimiento, del trabajo, de la redistribución del ingreso sean asumidas como bandera por la mayoría de la dirigencia política argentina".
"Yo me pregunto qué pasaría si esta crisis a nivel mundial hubiera encontrado a la Argentina en otra situación o tal vez con una dirigencia política que siempre concibe al ajuste y a no tocar los privilegios de los que más tienen para ajustarla", interrogó.
Seguridad social
Más adelante, Cristina Fernández expresó: "Me enorgullezco de formar parte de un gobierno que jamás envió a este Parlamento un proyecto de ley que restringiera las garantías o quitara derechos a los argentinos" y que "hizo de la memoria, la verdad y la justicia los ejes centrales de su gestión". Y agregó: "Me enorgullezco de formar parte de este proyecto político que, cuando uno lee los diarios y ve que solamente hay despidos, ajuste y crisis, ha podido decirle a sus jubilados que van a tener un aumento del 11,69%. En este sentido, la Jefa de Estado recordó que se alcanzó este porcentaje de aumento gracias a la aprobación del proyecto oficial de movilidad jubilatoria. De haberse aprobado cualquiera de los proyectos alternativos presentados por la oposición, el porcentaje de aumento hubiera sido notoriamente inferior. "Hagan cuentas de cómo sería su situación hoy", pidió la mandataria.
También destacó la aprobación de la ley que determinó el retorno de la administración de nuestros jubilados a manos del Estado nacional.
En el orden de la seguridad social, Cristina Fernández recordó que en este año de gestión "hemos incorporado al sistema a gente que se había caído de la producción y del trabajo y que luego, al cabo de una vida, carecía del derecho a la jubilación. También le hemos dado a esos argentinos y argentinas el derecho a tener ingresos". También destacó que "hemos aumentado desde el año 2003 en 510 % los recursos en acción social".
En materia educativa, la Presidenta pidió que "sigamos construyendo capacitación para los argentinos", porque la educación "es el gran eje de la movilidad social". También resaltó que durante su gestión "hemos cumplido con fijar el piso de lo que un docente debe ganar como mínimo en la Argentina", elevando el nivel del salario básico a 1.490 pesos mensuales.
Sobre este punto, el de la educación, la mandataria se detuvo para señalar "que las medidas de fuerza perjudican a la educación y a los chicos", pero "los dirigentes políticos tenemos que pensar qué modelo de sociedad queremos". En este sentido, dijo que "lo que no me resulta sensato es que mucha dirigencia que sostiene que no puede pagar más" a los docentes, "a la hora de fijar postura de cómo deben contribuir los que más tienen con la sociedad, sean más benevolentes con los que más tienen y ajusten los sueldos de los maestros". "Esto es lo que a mí como sociedad no me cierra", graficó la mandataria.
En otro orden, la jefa de Estado recordó que "hemos lanzado el plan de infraestructura más importante que recuerda la historia", destinando 7 puntos del PBI para seguir sosteniendo la actividad económica y la generación de trabajo.
Calidad institucional
También señaló que "la calidad institucional ha tenido un protagonismo sin precedentes en la calidad parlamentaria" dado que su administración "ha hecho de la consulta al Parlamento de sus leyes fundamentales" una forma de gobernar.
Por eso, señaló que "no va a haber mayor calidad en las instituciones si además como dirigentes no mejoramos nuestro propio comportamiento a la hora de formar parte de las instituciones y jugar los roles que tenemos dentro de ellas". En este orden, criticó la postura de quienes en su momento se opusieron a la propuesta oficial en torno a la aplicación de la Resolución 125 que determinaba el nivel de la alícuota por derecho a las exportaciones agropecuarias al sostener que "si la 125 estuviera vigente, las alícuotas serían inferiores a las actuales y los pequeños y medianos productores estarían recibiendo compensaciones, y además los que estuvieran 400 kilómetros de los puertos estarían recibiendo subsidios por fletes".
También, y en sintonía con la decisión de reforzar el rol del Estado, la Presidenta dijo que "enviaremos al Congreso todos aquellos instrumentos que las épocas exigen" para defender la economía de los argentinos. Y en este marco informó que este año se elevará para su tratamiento la reforma de la Ley Federal de Radiodifusión, "una vieja deuda de la democracia", manifestó.
La Presidenta consideró también que "es necesario lograr frente a los grandes temas de los argentinos la unidad". "Sin arrogancia, con humildad, este proyecto político merece algo de crédito porque hemos tenido resultados muy concretos. Merecemos, no apoyo, pero si comprensión y cooperación, que es el nuevo verbo que debemos conjugar en el mundo y en Argentina", manifestó la mandataria. Y, puntualmente, pidió "solidaridad por parte de aquellos que en los últimos años han tenido una rentabilidad tan importante que les permite ser el único sector que puede no comercializar sus productos".
"No necesitamos empresarios buenos, necesitamos empresarios inteligentes para que entiendan que es necesario apuntalar este esfuerzo que hemos hecho los argentinos y que ha dado resultados para todos", explicó.
Justicia
En otro orden, Cristina Fernández dijo que "no quiero terminar sin pedir por un tema que es central y que ha sido pilar de este gobierno en materia de derechos humanos, y que tiene que ver con lograr por parte de la justicia eso, que se haga justicia y lograr que loa juicios que se vienen desarrollando a quienes violaron los derechos humanos durante la dictadura sean juzgados". "Es la hora de la justicia, y se viene demorando desde hace demasiado tiempo", señaló.
"Convoco a todos los argentinos, a todas las argentinas, a todos aquellos que tienen responsabilidad de cargas institucionales sociales a que defiendan esto que logramos todos los argentinos", que es "un modelo diferente al de los grandes centros de poder", pidió la Presidenta, y concluyó su alocución llamando a debatir "sin agravios ni descalificaciones, ni fomentando violencias que tanto mal, daño, dolor y tragedia han traído al país". "Debatamos en términos de discusión, sin querer imponer al otro ideas", concluyó.
(Presidencia de la Nación)
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